El pasado 29 de Julio, 5 meses antes de que el año acabe, el ser humano entraba en préstamos con respecto a la tierra. Absolutamente todos los recursos naturales que el planeta podría producir en un año ya se habrían consumido. En pleno colapso mundial a nivel de agotamiento de recursos, cambio climático y contaminación, el sector de la gestión de residuos se encuentra con unos impuestos para el reciclaje notablemente altos.
Antes de nada, conviene explicar un detalle: No es lo mismo estar de acuerdo con una base reguladora firme, que estrangular toda una industria basada en la gestión de recursos. La regulación que ordena las responsabilidades y competencias de la reutilización, tratamiento y reciclaje de metales debe prestar todas las garantías posibles para que las empresas realicen su labor respetando su entorno urbano y, sobre todo, al medio ambiente. Dicho lo cual, ni los métodos de control deberían anquilosarse (registros de actividad en papel, declaraciones diarias sobre metales tratados) en una era marcada por los avances digitales, ni el estado debería entorpecer la actividad con impuestos para el reciclaje abusivos. Más que ningún otro motivo, porque nos encontramos ante una situación que muy pocas veces suele darse: Empresas privadas encargándose de una actividad que compete al bienestar y el interés público.
Según Alicia García-Franco, directora del FER, “la solución pasa por aplicar la constitución española”. No solamente el sector de la chatarrería puede entrar en el debate de los impuestos para el reciclaje en base a su labor social, sino también en base a la igualdad de condiciones que debe tener un tejido empresarial para poder establecerse en una comunidad autónoma u otra. Y es que, en este punto, el estado está diversificando la atención con respecto a este tema y está permitiendo el ahogamiento burocrático en, solamente, unas autonomías concretas. De esta manera, la viabilidad para abrir una planta de gestión de residuos y reutilización de metales no será la misma en Galicia que en Valencia al no imponer en ambas los mismos impuestos para el reciclaje.
Por ello, en el marco de una sociedad amenazada por la escasez de recursos y la contaminación, tal vez resulte positivo intentar incentivar la aparición de empresas dedicadas a la chatarra, reutilización de metales o gestión de residuos. Estas compañías cumplirían un servicio importantísimo para el conjunto de la sociedad y su labor significaría una aportación incalculable para nuestro entorno. Del otro modo, si se opta por incluir impuestos para el reciclaje altísimos, la viabilidad y el emprendimiento en este tejido se verá tan diezmado que el propio estado tendrá problemas para gestionar el reciclaje de ciertas materias primas.
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